FALSAS EXPECTATIVASCON LAS AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL URGENTE.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Salud y Política Social, ha elaborado y puesto en marcha el DECRETO 10/2014, de 4 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos de la región para la financiación de las ayudas de protección social urgente.

 

Desde el PSOE podemos asegurar que estas ayudas “urgentes” no son más que otra trampa del PP, otra medida tomada sobre la marcha para justificar la incompetencia y la mala gestión del Ejecutivo Regional.

 

Queremos denunciar que estas Ayudas están despertando falsas expectativas entre los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en una situación económica insostenible, ya que ni se va a poder pagar en el tiempo previsto (10 días), ni toda la gente que la solicite la va a poder cobrar.

 

No son urgentes porque el Gobierno de Extremadura dispondrá de tres meses para resolver las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos y éstos de diez días para abonarlas, plazo imposible de cumplir ya que su tramitación y resolución llevará mucho más tiempo.

 

Las necesidades que cubren estas ayudas urgentes deberían estar cubiertas con la Renta Básica si se hubiera gestionado adecuadamente, pero con ella ha quedado patente el total y absoluto fracaso del Ejecutivo Regional , tanto en la elaboración como en la gestión de esta Ley. Según los últimos datos, de las 18.000 solicitudes presentadas en nuestra Región, sólo 1.000 están revisadas y 200 resueltas. En nuestra ciudad, unas 220 tramitadas y ninguna concedida. Además, las últimas modificaciones sobre la Renta Básica, como la de eliminar la inscripción en el SEXPE como requisito para cobrar, supone una ruptura del vínculo necesario con este Servicio Público de Empleo, ya que el proyecto individualizado de inserción en el ámbito de formación y empleo es un requisito fundamental de esta Ley. Se pone de manifiesto, una vez más, la falta de interés del PP en insertar laboralmente a estas personas en situación de exclusión social y una más que evidente maniobra para enmascarar o maquillar los datos de desempleo registrados.

 

Las resoluciones y pagos de la Renta Básica deberían ser una prioridad. En Extremadura tenemos una tasa de paro del 32%, unas 70.000 personas sin ningún tipo de ingresos, en Zafra más de 2.500 desempleadas y, sin embargo, el PP no quiere entender el carácter urgente de estas ayudas.

 

Según este Decreto, los beneficiarios de las subvenciones serán los Ayuntamientos de la C. A. Extremeña, comprometiéndose éstos a cofinanciar estas ayudas en un 5%. El abono a los usuarios demandantes será realizado en uno o varios pagos, con un máximo de 1.065 € al año y a propuesta de los Servicios Sociales de Base. Zafra, en función del nº de habitantes, dispondría de unos 74.000 € para este fin. Desgraciadamente, los ciudadanos y ciudadanas que están en situación de emergencia permanente no van a mejorar su situación con esta nueva ayuda, única y puntual.

 

Estas “medidas urgentes” vienen a sustituir a las AISES (Ayudas de Integración en Situación de Emergencia Social), eliminadas por el PP en 2013, según el Consejero de Política Social, porque se habían quedado obsoletas. Son mucho más restrictivas en sus requisitos que la Renta Básica y, nos tememos, que también llegarán tarde mal y nunca.

 

Las ciudadanas y ciudadanos extremeñ@s necesitan puestos de trabajo y no limosnas. Aunque no estamos de acuerdo cómo se están enfocando y gestionando este tipo de ayudas, dada la situación extrema de muchos hogares y ante la falta de políticas activas de empleo, por responsabilidad y por sensibilidad, reclamamos que agilicen su tramitación y concesión. Así mismo, instamos al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, cómplice del Gobierno de Monago, a que exija rapidez y eficacia en la resolución de estas medidas sociales.

 

Con este abandono total y absoluto de las políticas sociales, nos están empujando a la solidaridad colectiva, a la caridad y a la beneficencia, provocando progresivamente la pérdida de derechos fundamentales.